Coyoleros sin derechos laborales

Después de la entrevista que el pasado 1 de mayo le realicé a la Sra. Karen Pereira Carrillo, coyolera de la palma africana en la zona sur, propiamente en Santa Lucía de la Cuesta, Cantón de Corredores, Provincia de Puntarenas, surgió la siguiente noticia:  Las mujeres u hombres que están dedicados a la preparación del terreno para la siembra de la palma, los fumigadores de las plantas, los cortadores del coyol, los recolectores de la fruta, etc., diariamente ven violados sus derechos laborales, porque sus patronos no les reconocen los más elementales derechos que están consagrados en las leyes.
El salario que como trabajadores perciben es por debajo del mínimo establecido, las garantías sociales están ausentes porque no cuentan con seguro social, pólizas de riesgos del trabajo y como si fuera poco tampoco les pagan el aguinaldo. Aunque parezca mentira, en los albores del siglo XXI esos trabajadores y trabajadoras son de segunda y en algunos casos de tercera categoría.
Por lo toxico de los plaguicidas, químicos y agroquímicos que son utilizados en la
fumigación de las plantaciones y debido a que los trabajadores y las trabajadoras no cuentan con equipos de seguridad para por lo menos minimizar los riesgos de padecer cánceres pulmonares, esterilizaciones u otras enfermedades de la piel, que son derivadas de la exposición permanente, así como por la inhalación de sustancias tan tóxicas.
A pesar de que, desde el 15 de setiembre de 1943 se promulgó el Código Laboral
para tutelar los derechos de todos los trabajadores del país, eso no se cumple para los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola que cada día ven como les son conculcados y menguados sus derechos.
Cómo es posible que a una población laboral que se dedica día a día a esa actividad no se le considere como parte de la economía formal del país. Por el contrario y de acuerdo a lo expresado por algunos dueños de las plantaciones con los que pude conversar, todos sus trabajadores y trabajadoras son casuales o se encuentran bajo la figura de la subcontratación. Es decir, todos y todas las trabajadoras de ése sector están dentro de la economía subterránea o informal, situación que les favorece a ellos como patronos porque, bajo esa figura pueden evadir el reconocimiento de las garantías.
Mientras eso ocurre, los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los inspectores del Instituto Nacional de Seguros (INS), se hacen de la vista gorda, debido a que no asumen el rol que como instituciones les corresponde y en consecuencia los trabajadores seguirán siendo mal pagados y maltratados por sus patronos. En consecuencia, al no efectuar las inspecciones que obligadamente y conforme a las leyes les corresponde, en las plantaciones de coyol los trabajadores y las trabajadoras seguirán pagando las consecuencias de irresponsables funcionarios públicos que no toman decisiones para que se pueda cambiar esa situación. Es por la desidia y la apatía de quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes, que la calidad de vida de esos y esas trabajadoras seguirá siendo igual y sus salarios seguirán siendo de hambre y simple subsistencia.

Ricardo Jiménez García

Carné: AS-04026