Derecho laborales

Fruto de una entrevista a una coyolera de la palma africana en la zona sur,  en Santa Lucía de la Cuesta, Cantón de Corredores, Provincia de Puntarenas, Ricarlo Jiménez García escribió este texto que compartimos:



Las mujeres u hombres que están dedicados a la preparación del terreno para la siembra de la palma, los fumigadores de las plantas, los cortadores del coyol, los recolectores de la fruta, diariamente,  ven violados sus derechos laborales, porque sus patronos no les reconocen los más elementales derechos que están consagrados en las leyes nacionales.
El salario que como trabajadores perciben es por debajo del mínimo establecido, no cuentan con seguro social, carecen de pólizas de riesgos y tras de eso no les pagan aguinaldo.  Aunque parezca mentira, en los albores del siglo XXI esos trabajadores y trabajadoras son de segunda y en algunos casos de tercera categoría.   Por lo toxico de los plaguicidas, químicos y agroquímicos que son utilizados en la fumigación de las plantaciones y debido a que los trabajadores y las trabajadoras no cuentan con equipos de seguridad para por lo menos minimizar los riesgos de padecer cánceres pulmonares, esterilización o enfermedades de la piel que derivan de la exposición e inhalación permanente a esas sustancias.
A pesar de que, desde el 15 de setiembre de 1943 se promulgó el Código Laboral
para tutelar los derechos de todos los trabajadores del país, eso no se cumple para los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola que cada día ven como les son conculcados y menguados sus derechos. Cómo va a ser posible que a una población laboral que se dedica día a día a esa actividad no se le considere como parte de la economía formal del país.  Por el contrario y de acuerdo a lo expresado por algunos dueños de las plantaciones con los que pude conversar, todos sus trabajadores y trabajadoras son casuales o se encuentran bajo la figura de la subcontratación, es decir, están dentro de la economía subterránea o informal, situación que les favorece a ellos como patronos porque bajo esa figura pueden evadir el reconocimiento de las garantías sociales.Mientras eso ocurre, los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los inspectores del Instituto Nacional de Seguros (INS), se hacen de la vista gorda porque no asumen el rol que como instituciones rectoras de la materia les corresponde, de ahí que la CCSS siga en crisis por la evasión tan enorme de las cuotas obrero-patronales.
Porque al no efectuar las revisiones e inspecciones que obligadamente deberían hacer en las plantaciones de coyol, en esas instituciones se ven imposibilitados para tomar las decisiones con las que puedan cambiar esa situación. Mientras eso ocurre, la calidad de vida de esos y esas trabajadoras seguirá siendo igual y sus salarios de simple subsistencia, porque para los funcionarios de esas instituciones, pareciera que su política irresponsable es dejar hacer, dejar pasar.